La nueva regulación obliga a los funcionarios públicos a registrar en un sistema informático público las audiencias, viajes y donativos que se hagan a las autoridades.

Con la asistencia del Seremi de Gobierno, Enrique Inostroza y de diversas autoridades regionales se realizó en Concepción la inducción sobre la nueva Ley N°20.730 que regula el lobby y la gestión de intereses particulares, dirigida por funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

La delegación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia estuvo a cargo de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia y contó con la presencia del asesor Guillermo Marín Vargas.

El seremi de gobierno de la región del Biobío, Enrique Inostroza, calificó esta instancia como algo de suma importancia para que se pueda conocer y comprender la ley del Lobby, y así saber la importancia de su existencia y la necesidad que tenía el país de contar con una regulación de este tipo.

“Esta actividad viene a ratificar algo en lo que el gobierno viene trabajando hace mucho tiempo con respecto a transparencia. Esta capacitación busca que todos nos preparemos, conozcamos la ley, entendamos sus reglas, y así no cometamos ningún error, para poder cumplir con el principal objetivo que tiene la regulación, que es fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado”, dijo el vocero regional.

Además, la autoridad llamó a sociedad civil a empoderarse de la ley del lobby y así cumplir un rol fiscalizador dentro de la sociedad

“Es importante señalar que también se capacitaron a dirigentes, lo que va a permitir mantener las relaciones claras a nivel de transparencia con todos los sectores de la ciudadanía, además esto permitirá que ellos sean un ente conocedor de la ley y por ende fiscalizador dentro de la sociedad chilena”.

La nueva regulación obliga a los funcionarios públicos a registrar en un sistema informático público las audiencias, viajes y donativos que se hagan a las autoridades sujetas a su cumplimiento. En el caso del Gobierno Regional, serán obligados, entre otros, el intendente, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los jefes de los servicios públicos. En este caso, la norma entrará en vigencia el día 28 de abril del presente año.